El asunto ya había llegado al Congreso en el 2016, pero las distintas partes nunca lograron un acuerdo y el tema se enterró. Hizo falta una final de Libertadores que tenía más pinta de protesta de los chalecos amarillos que de celebración pambolera. El once de noviembre del año pasado, el juego tuvo ya tintes de lo que podía llegar a ser: por cuestiones de seguridad como desde 2013, solamente asistieron los locales al estadio. 49 mil xeneizes apoyando a su equipo en la Bombonera, los millonarios lo tuvieron que mirar desde una pantalla. La idea era básicamente la misma en el partido de vuelta.

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Los ojos ya estaban puestos en Argentina aquel 24 de noviembre. Una de las finales más épicas de la Copa Libertadores se dibujaba: Los dos acérrimos rivales de uno de los países más futboleros del continente se jugaban el todo por el todo en ese último encuentro. Sin embargo, nunca sucedió. Agresiones en contra del autobús de Boca Juniors que dejaron varios cristales rotos, jugadores lesionados e incluso algunos intoxicados por gas lacrimógeno, fueron la antesala de una jornada que no vio la pelota rodar, pero sí encontró disturbios en las calles. La fiesta se terminó antes de comenzar.

Con este antecedente, la Ley anti Barras volvió a tener protagonismo dentro de la política nacional argentina, donde se comenta que se ha convertido en un campo de batalla entre la oposición y el gobierno de Mauricio Macri.

La ley anti-barras en Argentina

Esta no es la primera norma que ha buscado frenar la violencia que rodea el futbol en aquel país. Ya en el 85, la llamada Ley de la Rúa había dado los primeros pasos en esta dirección. Pero la poca efectividad de ésta ha hecho que el debate respecto a las medidas necesarias para detener este fenómeno vuelvan a reavivarse.

Entre las medidas que esta nueva ley contempla destacan: hasta diez años de cárcel a cualquiera que porte armas, piedras, botellas, pirotecnia o cualquier elemento que pueda ser usado para ejercer violencia. 

Además de doce a trece años de prisión para aquellos que realicen intimidación individual o grupal. Otro de los temas que se toca es la venta de entradas a los estadios. Los “organizadores, protagonistas o responsables de la distribución o emisión de entradas a espectáculos futbolísticos que las provean sin pagar el precio correspondiente” serán acreedores a penas de hasta cuatro años de cárcel.

Política y futbol

Pero quizá uno de los aspectos que más escándalo ha despertado es el que tiene que ver con la política y el balompié argentino. La intención es que quede totalmente prohibida la posibilidad de que un funcionario público ocupe cualquier cargo dentro de un equipo de futbol. Esto porque según asegura Guillermo Moreno, titular de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos, “hay que ir al núcleo de esta ley, que es identificar a la barra como grupo criminal, subir las contravenciones a los delitos, penar la connivencia entre dirigentes y el grupo criminal”.

La ironía radica en que la ley que busca prohibir el vínculo entre política y futbol sea impulsada abiertamente por el actual presidente, Mauricio Macri. Él debe mucho de su carrera como funcionario público a su larga estancia en la presidencia del club Boca Juniors. Pero no sólo esto, sino que si bien puede ser el caso más famoso en la actualidad, como el mismo Moreno reconoce, no es un caso aislado ni singular. El ejercicio político y el futbol han estado fuertemente vinculados desde hace muchos años en la Argentina.

Es claro que las aristas son múltiples y que no únicamente se trata de futbol. Las elecciones presidenciales del país pampero se encuentran en la puerta, lo que da a la ley un peso de valor político que los contendientes tienen claro. El balón sigue en la cancha y la ley anti barras sigue navegando a la espera de conocerse en qué condiciones será aprobada.

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Por: Alberto Roman / @AlbertoRomanGar